El Gobierno va a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la explotación en el mercado laboral. En agosto lanzará dos planes de lucha contra el fraude: uno por los abusos en la contratación temporal; y el otro por los excesos en la jornada de quienes están contratados a tiempo parcial. El primer paso consistirá en un envío masivo de cartas a las empresas de las que se sospecha que pueden estar quebrando la ley. Después, si no se regulariza la situación, llegará la visita de la Inspección de Trabajo. Se reeditan así las acciones de 2018, que se saldaron con el afloramiento de 70.000 fraudes laborales.
“Los datos que maneja la Inspección de Trabajo indican que la contratación temporal fraudulenta y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial siguen siendo dos de los principales problemas en nuestro mercado de trabajo. […] Estos abusos son elementos que contribuyen de forma determinante a la precarización del mercado de trabajo”. Estas crudas palabras no pertenecen a un comunicado o una denuncia sindical, forman parte de un documento interno del Ministerio de Trabajo: el borrador de la planificación de los dos planes de choque que prepara para combatir esos “principales problemas”.
Ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ya ha sido remitido a los agentes sociales y se estudiará en la reunión que los representantes de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) y las patronales CEOE y Cepyme mantendrán hoy con los responsables de la Inspección de Trabajo.
En esa reunión también se van a analizar los datos de los 11 primeros meses de funcionamiento del plan director de lucha contra la explotación laboral 2018-2020, adelantados por este diario, y en el que hay que integrar estas dos nuevas acciones.
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