El vicepresident y conseller de Economia, Pere Aragonès, ha ordenado cerrar la caja de la Generalitat, excepto para los servicios básicos, el pago de nóminas y las subvenciones e inversiones ya comprometidas. En paralelo, las entidades del llamado sector público de la Generalitat deberán presentar a Economia un programa de recorte de aproximadamente el 6% sobre el total de su presupuesto. Son más de un centenar de sociedades de índole muy diversa, entre las que figuran la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el ICF o Fira 2000.
La nueva fase de recortes está recogida en una orden del departamento, publicada en el DOGC y que entró ayer en vigor. Economia lo justifica por un doble objetivo. Por una parte, se quiere asegurar el gasto social en un momento de “retención de ingresos” por parte de la Administración central. Y, por otra, de intención más política, evitar que un incumplimiento del objetivo de déficit público pueda ser utilizado en Madrid para justificar una intervención de las cuentas autonómicas.
Pese a que Aragonès no está de acuerdo con el objetivo de déficit fijado –un 0,1% del PIB para este año–, no quiere dar argumentos para tener que volver a financiarse con el FLA, lo que sólo le permitiría obtener fondos del Estado para atender su deuda y no para emprender proyectos de libre decisión. El temor a esa pérdida de autonomía financiera se ha avivado después de la carta que el Gobierno de Pedro Sánchez envió la semana pasada a la Generalitat reclamando un plan urgente de ajustes en gasto farmacéutico y sanitario.
La orden excluye del recorte el gasto social vinculado a salud, educación y diversos programas de Benestar i Famíles. También deja fuera los gastos de personal, y en concreto se garantiza el retorno, antes de final de año, de una parte, de la paga extra de los funcionarios que está pendiente desde el 2013.
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