La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó ayer su propuesta para que las grandes empresas tecnológicas, como Apple, Facebook, Amazon, Netflix o Google, paguen impuestos en los países donde están sus usuarios, tengan presencia física en ellos o no, y no solo en aquellos Estados donde esté registrada la propiedad de las patentes, licencias o marcas, o donde las empresas tengan sus sedes. Pero, más allá de a los gigantes de internet, la iniciativa afectaría a otras compañías que ofrecen productos de consumo minorista, como pueden ser las grandes marcas de lujo o los fabricantes de automóviles.
La propuesta supone un primer paso para lograr articular a escala global lo que se ha venido llamando tasa Google, pues deja superado el debate entre quienes, como EE UU, venían defendiendo que las empresas tecnológicas solo deben pagar impuestos donde crean sus algoritmos, y quienes, como la UE, apostaban por gravar su actividad allá donde encuentran los usuarios que los hacen rentables.
El nuevo documento, que será debatido la próxima semana en la cumbre del G20 que se celebrará en Washington, busca crear un nuevo sistema de fiscalidad “estable” para las empresas, dado que “las reglas actuales datan de la década de 1920 y ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”, explicaron ayer desde la OCDE. El objetivo pasa así por impulsar un acuerdo general para los 134 países que se han sumado desde enero a esta iniciativa.
La propuesta del grupo de trabajo de la OCDE, abierta ahora a consulta pública, es fruto del acuerdo sellado el pasado mes de agosto en Biarritz entre Estados Unidos y Francia, en la última cumbre del G7, para frenar las tensiones comerciales generadas por la tasa a las tecnológicas impulsada por París, que provocó que Washington anunciara aranceles sobre el vino francés.
La nueva tasa, que la OCDE espera tener lista a principios de 2020, mermaría la recaudación de países como Irlanda y a paraísos fiscales extraterritoriales, mientras que beneficiará a los grandes mercados de consumo como EE UU y Francia y a los países emergentes.
En principio, la propuesta, que no entra a detallar qué cantidad de impuestos deberá abonar las empresas, gravaría a las compañías con un volumen de negocios global de más de 750 millones de euros en todo el mundo y excluiría a las empresas dedicadas a la extracción de materias primas. Afectaría, eso sí, a las empresas tecnológicas que no venden directamente a los consumidores, sino que comercializan publicidad a empresas que sí venden al pequeño consumidor. La iniciativa ha tratado de consensuar las propuestas de tres bloques de países: Reino Unido y otros europeos; EE UU y China, e India, Colombia y otros emergentes.
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