La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) está recibiendo una avalancha de consultas de contribuyentes para trasladar su patrimonio a Portugal y Reino Unido ante el plan de subidas de impuestos del nuevo Gobierno y la incertidumbre económica que ven que están provocando los anuncios constantes de cambios en las normas fiscales y laborales y los mensajes contradictorios en el seno del Ejecutivo de PSOE y Podemos. Así lo señaló ayer la nueva presidenta de Aedaf, Stella Raventós, en un encuentro con medios tras la renovación de la directiva de la asociación para presentar sus objetivos.
Raventós defendió que «no se puede legislar al golpe del momento» y reivindicó que sea un «imperativo legal» la seguridad jurídica, ya que, en España, a pesar de la «calma» por el impasse político de los dos últimos años, se produce un «continuo cambio de normas», algo que perjudica a las empresas a la hora de realizar inversiones.
Ante la catarata de subidas de impuestos que incluye el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, entre ellas, alzas a las rentas altas del IRPF, un gravamen del 5% a los dividendos y un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15%, del 18% para la banca y petroleras, mayor control sobre las Sicav, la creación de las tasas Google y Tobin, a lo que se suman nuevas figuras y más ajuste en Sociedades según está avanzando Hacienda, Raventós destacó que «no se puede decir que las empresas pagan un 5% en Sociedades, no es cierto», ya que en ese cómputo se contemplan las compensaciones por pérdidas y no se tiene en cuenta lo que la empresa paga por dicho impuesto en el exterior a través de las filiales, por lo que el tipo que se contabiliza «no es real».
Raventós reconoció que la asociación venía recibiendo numerosas consultas de empresas y, sobre todo, inversores y patrimonios interesándose por las posibilidades de localizarse en Portugal y en Reino Unido. Pues bien, desde que se formó gobierno, estas consultas se han multiplicado, indicó.
«Si un Estado sube mucho los impuestos, la gente se traslada a otro», advirtieron Raventós y Eduardo Gracia, vicesecretario de Aedaf, que recordó que los impuestos entre los Estados miembros de la UE se convierten en un elemento de competencia. Además, destacó que la competencia fiscal también se produce entre comunidades autónomas, como en el caso de Madrid, que presenta una menor imposición, algo que para los asesores fiscales es «absolutamente legítimo» al hacer uso la región de autonomía fiscal. Eso sí, matizaron que los traslados a otros países o a otras comunidades autónomas deben producirse ordenadamente, de forma que se pague el impuesto donde se crea el valor.
También reclamaron una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente de Hacienda. La presidenta de Aedaf reivindicó que la inspección se limite a comprobar si ha cobrado bien, ya que «no es su misión recaudar». En este sentido, criticó el plan de bonus de la AEAT, por el que sus funcionarios son premiados por la cantidad de expedientes que abran sin que se compruebe la corrección de sus actuaciones ni su eficacia a medio y largo plazo.
La no adhesión de Aedaf al Código de Buenas Prácticas de la AEAT, al que tampoco se ha sumado la Abogacía, se debe al «desequilibrio». Los asesores se comprometen a informar a la Administración de todo, «más allá de lo legalmente establecido», y la AEAT, a «cumplir la ley».
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