Aún se desconoce la cuantía de la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que anunció la pasada semana la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero según apuntan los expertos, fuera cual fuere la medida supondrá de manera automática un incremento del gasto público asociado a ciertas ayudas y subvenciones que dependen en alguna medida de este indicador. «Ampliará las bases de personas con acceso a ciertas ayudas, lo que repercutirá en un aumento del gasto público», apuntan al respecto.
Sin embargo, incluso con la confirmación de la cuantía del incremento de este indicador anunciado por el Gobierno sería difícil conocer el impacto de gasto agregado ya que no solo la Administración central liga los requisitos de acceso y la cuantía de las ayudas a este indicador, sino que también las comunidades autónomas y corporaciones locales lo utilizan como índice de referencia. «Esta baremación con el IPREM está presente en todas las ayudas públicas que no sean de carácter contributivo», apuntan las fuentes cercanas a Trabajo.
Cabe recordar en este punto que el IPREM es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y que fue introducido en sustitución del salario mínimo interprofesional (SMI) como índice de referencia para el acceso a las mismas ya que este es actualizado con cierta periodicidad y cada subida del mismo llevaba consigo un incremento del gasto ajeno a la mejora de las condiciones laborales. Actualmente, esta cuantía -congelada desde el año 2017- se sitúa en los 537,8 euros mensuales (6.454,03 euros al año en doce pagas).
En este sentido, si bien el Ministerio de Trabajo no ha querido aclarar las líneas de actuación en esta materia, de referencia sirve el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acordaron a inicios de 2019 el PSOE y Unidas Podemos donde se recogía un incremento del IPREM de 10,7 euros, hasta los 548,6 euros al mes (+2%).
Como se ha mencionado, son numerosas las ayudas que se ligan a este indicadores y no solos a nivel del Estado. Sin embargo, solo para las emitidas por la Administración central, según lo recogido en el mismo proyecto presupuestario, el gasto social no contributivo se sitúa en cerca de 21.000 millones de euros entre pensiones mínimas, complementos, ayudas de acceso para la vivienda y subsidios de desempleo siendo en muchos casos el IPREM un baremo de acceso.
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