La iniciativa del Gobierno de plantar cara a la huella de carbono del transporte aéreo a través de un impuesto especial que grave el uso del transporte aéreo ha generado no pocas quejas tanto del sector de las aerolíneas como de colectivos relacionados con el turismo, el transporte de carga y la logística. Además del colectivo que aglutina a 80 compañías aéreas ALA, también asegura haber trasladado sus comentarios al Ejecutivo la patronal del transporte y la logística UNO, afectado directamente en el movimiento aéreo de mercancías.
“Hablar de nuevos impuestos cuando las empresas están haciendo esfuerzos titánicos por sobrevivir es, como mínimo, desafortunado”, afirma el presidente de UNO, Francisco Aranda, “la situación actual requiere medidas fiscales extraordinarias y de financiación, no más cargas para las empresas”. La crisis sanitaria y económica del coronavirus marca desde hace días el devenir empresarial, pero en estos sectores no olvidan que puede impactarles de lleno una futura norma impositiva.
El contexto no ayuda al debate que ha abierto la Dirección General de Tributos. Desde el aéreo, ALA ha visto por el momento defraudadas las expectativas de ayuda del Estado, tras el anuncio de la línea ICO de 400 millones para el sector turístico y de transportes. Otra potente asociación, la europea A4E, ha reclamado que se congele cualquier nueva medida impositiva, y desde el gran paraguas que aglutina a las aerolíneas, Iata, se anticipa el riesgo de quiebra de múltiples compañías ante el desplome de la demanda y la incertidumbre a corto plazo. La primera en caer fue la británica Flybe, herida de muerte desde finales de 2019.
Fue solo unos días antes del estallido de crisis sanitaria en España, el 28 de febrero, cuando la ministra María Jesús Montero anunció que era el momento de pasar a la acción en fiscalidad verde. Uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio es que España es «el quinto país de la UE con el porcentaje más bajo de ingresos por impuestos verdes respecto al PIB». De momento se ha abierto el procedimiento para crear el tributo sometiendo un documento preliminar a consulta pública. Hacienda afirmó que estaba siguiendo, de este modo, los requerimientos y recomendaciones de la Comisión Europea.
Pero, ¿cuál sería el impacto de un impuesto por volar entre las aerolíneas y negocios afines al turismo? Cada punto porcentual de gravamen sobre el billete, señala un informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) al que ha tenido acceso este diario, produciría unas pérdidas de 92 millones al sector turístico solo en lo que respecta a los viajeros internacionales. Además, ese punto implicaría un descenso de 84.000 turistas y la destrucción de 3.370 empleos.
El documento elaborado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) afirma que sería menos lesivo para la economía española, a efectos de la demanda de viajes desde el exterior, un gravamen sobre el combustible que un impuesto directo sobre el billete. A efectos de ahorro de emisiones, el informe apunta que por cada punto porcentual de nueva carga impositiva en el billete se rebajaría un 0,06% o en 15.372 toneladas de CO2.
Hacienda, por el contrario, recuerda en el documento abierto a exposición pública que «el transporte aéreo goza en la actualidad de una tributación ventajosa al amparo de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad». En virtud de este régimen, el uso de carburante en la navegación aérea distinta de la de recreo está exento del Impuesto sobre Hidrocarburos, «por lo que desde el punto de vista fiscal no se está incentivando el uso de modos de transporte menos contaminantes», concluye el Ministerio.
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