La mesa del diálogo social donde empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo están negociando la nueva regulación legal del trabajo a distancia retomará sus reuniones la semana que viene (una de las fechas que se barajan es el 1 de septiembre).
De momento, y tras el último encuentro celebrado a principios de agosto, durante este mes ha habido algún intercambio oficioso de borradores entre las partes, sobre todo de carácter técnico.
Pero en estos intercambios aún no se ha modificado una de las cuestiones que han resultado más polémicas hasta el momento: la definición de lo que es trabajo a distancia regular. Esta definición acotará a qué tipo de teletrabajo desde el domicilio u otro lugar, pero fuera del centro de trabajo, afecta la nueva legislación que entre otras cosas obligará a la empresa a “sufragar o compensar” los gastos que origine al trabajador.
El anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia indica que “entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad”.
Esta definición ha puesto en pie de guerra a los empresarios, que argumentan que de esta manera todos los trabajadores que al menos teletrabajen un día a la semana quedarán dentro de esa nueva regulación. Según los argumentos patronales, el citado 20% supondría, por ejemplo, que toda esta nueva regulación afectaría a los empleados que trabajen desde su domicilio solo un día a la semana. Y, en su opinión, el trabajo a distancia un día a la semana es un elemento de flexibilidad laboral para el trabajador que no debería implicar nuevas obligaciones para la empresa.
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