España tendrá que invertir en apenas seis años los 140.000 millones de euros que recibirá del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, todo un reto teniendo en cuenta que hasta ahora solo ha gastado 15.574 millones de los fondos de cohesión europeos que le corresponden para 2014-2020, un 39%. El dinero del Fondo para hacer frente a la COVID-19 empezará a llegar en 2021, pero el Gobierno español trabaja ya en el plan de reformas e inversiones que le exigirá Bruselas para autorizar las ayudas.
De los 140.000 millones para España, 72.700 millones llegarán en forma de subvenciones y el resto en préstamos, y el grueso saldrá del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. Los Estados deberán comprometer -asignar a proyectos concretos- el 70 % de este dinero entre 2021 y 2022 y el 30 % en 2023, aunque los pagos se podrán alargar hasta 2026. Es decir, tendrán como mucho seis años para gastarlo.
Se trata de un periodo excepcionalmente corto para absorber unas ayudas que equivalen al 11 % del PIB español, superan con creces el total de fondos estructurales y de inversión europeos asignados a España en el periodo 2014-2020 (39.907 millones) y llegarán en paralelo al resto de fondos del presupuesto comunitario 2021-2027.
El objetivo es responder cuanto antes a la recesión, pero el Tribunal de Cuentas ha advertido de que con un calendario tan ajustado «la implementación a tiempo puede ser complicada por los problemas de absorción» de fondos. «Algunos de los Estados miembros con las tasas de absorción más bajas en el periodo de programación actual recibirán un apoyo sustancial del Mecanismo. Esto podría generar una grave carga administrativa y un riesgo para la implementación de los planes de recuperación», opinó este mes.
Es el caso de España, segunda beneficiaria del fondo y con la tasa más baja de la UE: hasta ahora solo ha gastado un 39 % de los 39.907 millones en fondos de cohesión que le corresponden para 2014-2020, según datos de la Comisión Europea. Una lentitud en la que influyen la herencia de la crisis financiera, que redujo el dinero disponible para la cofinanciación nacional que exigen estos fondos -y que no será necesaria en el de recuperación- y la descentralización de la administración, según los expertos.
Desde el Gobierno, sin embargo, matizan estas cifras. Recuerdan que los fondos para 2014-2020 pueden gastarse hasta 2023 y que hay un «decalaje» entre esos datos y el nivel de ejecución actual, que es superior a esas cifras. España tiene unos «sistemas de control y auditoría muy minuciosos» y hasta que estos no se pasan no se comunica a Bruselas, explicaron fuentes del Ejecutivo.
Subrayan además que España ha utilizado de «forma eficiente» los fondos comunitarios, con una ejecución que ronda el 99 % en el marco financiero previo -algo que confirman las cifras de la Comisión- y espera «aprovechar al máximo» el fondo de recuperación.
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