Escrivá ha avanzado también que la otra pata de la próxima reforma laboral deberá abordar cómo bajar una «tasa de paro estructural del 14%». Para ello ha hablado de dos posibles cambios normativos. Por un lado, el que afectará a los expedientes de regulación de empleo (ERTE), «que ya no serán generalizados sino para aquellos que como consecuencia de la crisis necesiten hacer una reestructuración temporal». En ese sentido, ha dicho que será imprescindible engarzar los nuevos ERTE en la negociación colectiva e introducir elementos de formación para recapacitar y recalificar a los trabajadores afectados.
Asimismo, el ministro ha vuelto a insistir en que «el gasto de todo el esquema de los ERTE en 2020 ascenderá a unos 30.000 millones», lo que incluye las prestaciones por desempleo, la exoneración de cotizaciones y las ayudas a autónomos. Además, ha añadido que el coste de estos ajustes en 2021 «todavía no se sabe» porque dependerá de la velocidad con la que se consiga distribuir la vacuna, entre otras cosas. Pero, en cualquier caso, un mayor gasto en ERTE que el presupuestado para el próximo año (apenas 1.600 millones de euros) «estará perfectamente justificado».
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