Los hosteleros españoles están tramitando 2.000 reclamaciones patrimoniales a las administraciones públicas después de perder cerca de 70.000 millones de euros tras un año de pandemia debido a la caída del consumo y las restricciones aplicadas al sector. El presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha protagonizado este martes en Madrid un acto del gremio frente al Tribunal Supremo con un muro simbólico en el que se recogen estas reclamaciones, cuyo plazo de presentación finaliza el 1 de junio.
Yzuel ve insuficientes las ayudas aprobadas la semana pasada por el Gobierno e incluso pide modificar el real decreto para hacer más viable el acceso a ellas. El daño económico es «muy grave», según el responsable patronal, quien ha instado a las administraciones a llegar a un acuerdo con los hosteleros para atender sus reclamaciones patrimoniales por la vía administrativa antes de tener que llegar a la vía judicial.
De acuerdo con sus previsiones, para el 1 de junio habrá «miles y miles» de reclamaciones presentadas, aunque ha recordado que cada empresa «es libre» de hacerlo y pedir «lo que considere oportuno». En todo caso, ha confiado en que las administraciones «den respuesta» a las peticiones de los hosteleros y desechar así finalmente la vía judicial, porque esa actitud implicaría «alargar el proceso» para recibir una indemnización.
«Es de derecho» que «se atiendan esas reclamaciones en vía administrativa», ha reiterado. En cuanto al real decreto de ayudas directas para las áreas económicas más afectadas por la pandemia aprobado la semana pasada por el Ejecutivo, Hostelería de España no ha concretado qué partida podría corresponder al sector, pero ha exigido celeridad para que las comunidades autónomas «concreten» su reparto y queden claros «los criterios de acceso».
Yzuel ha incidido en que estos fondos (se repartirán unos 7.000 millones en ayudas directas) «llegan tarde» para los 100.000 establecimientos hosteleros que han echado el cierre a lo largo del último año por la covid-19. Además, ha pedido una modificación de este decreto para que las empresas que no estén al corriente de sus pagos con la Administración también puedan acceder a ellas.
En declaraciones a los medios, ha lamentado la «demonización» y «criminalización» del sector durante el último año al recibir acusaciones de «ser el foco de los contagios» cuando los informes del Ministerio de Sanidad indican que «menos del 2,3 % de los casos se produjeron en hostelería». Los hosteleros han recordado que su facturación ha caído un 50% desde el inicio de la covid-19, y en zonas donde el peso del turismo es mayor el desplome ronda el 80 %. A nivel laboral se han perdido 300.000 empleos, a los que se suman cerca de 450.000 trabajadores en ERTE.
La patronal ha comparado además las ayudas recibidas por bares y restaurantes en España respecto a las concedidas en el seno de la UE: según sus cálculos, la cantidad destinada por los países europeos a ayudas directas en empresas hosteleras ascendían, el viernes pasado, a casi 60.000 millones de euros, y de este importe España apenas representaba el 0,75 %
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