Un esbozo de la coyuntura fiscal en España aparece reflejado en el último informe del Día de la Liberación Fiscal, elaborado por el Think Tank Civismo, donde una de las conclusiones es la elevada presión fiscal sobre la renta del trabajo que soportan los españoles en comparación con otros países desarrollados. Así, solamente 14 de las 34 economías avanzadas que integran la OCDE tienen una unos gravámenes sobre los salarios de sus empleados más altos que la de España, lo que desmonta la teoría de un país que goza de una imposición reducida.
De hecho, la «cuña fiscal», lo que en el estudio se entiende como el peso real de los impuestos en el trabajo, basado en la evolución de las bases imponibles del IRPF, es en España de media de un 37,25%. Esto quiere decir que casi el 40% del salario bruto de los españoles de media -no se contabiliza a los mayores de 65 años, que al obtener altos beneficios fiscales tan solo soportan un gravamen del 12,03% sobre su renta- se destina al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales.
En este sentido, la presión sobre los sueldos es heterogénea entre los diferentes grupos de edad de la población activa. Así, de cada 100 euros que el empresario paga al empleado de entre 19 y 29 años en concepto de coste laboral, este cobrará 64,11 euros, lo que representa una cuña fiscal del 35,89%.
En el caso de los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se sitúa en los 62,5 euros percibidos, por lo que la cuña fiscal asciende al 37,5%. Para los empleados de entre 45 y 64 años, reciben una cantidad de 61,66 euros de cada 100, en lo que se traduce en una presión sobre la renta bruta del trabajo del 38,34%. Es el grupo de edad que más aporta al sistema, coincidiendo con el tramo previo al acceso a la jubilación.
Una de las novedades del estudio es la relación establecida entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. En este aspecto es importante puntualizar que el valor de los servicios públicos recibidos por un ciudadano se incrementa exponencialmente cuando se llega la jubilación.
De hecho, el valor de lo que el ciudadano percibe en se triplica, pasando de los 6.934 euros nominales en la cohorte de entre 16 y 29 años a los 22.388 en el grupo mayor de 65 años. Si bien es cierto que al llegar a esta edad la mayor parte de los servicios recibidos se sustentan en los 15.454 euros de media de la pensión pública.
A su vez, la carga impositiva también varía por tramos de edad, siendo de 15.662 euros anuales entre los 45 y 64 años (el grupo que más aporta), y de 10.449 y 4.620 euros, en el grupo de los jóvenes y los mayores de 65 años, respectivamente.
De este modo, el informe sobre fiscalidad concluye que son casi el 80% de contribuyentes los que pagan más impuestos que lo que reciben hasta la edad de jubilación. Así, los trabajadores abonan entre 3.515 y 7.775 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, es decir, una aportación un 23,5% mayor de lo percibido. Todo ello, para después, una vez llegada la jubilación, disfruten de unos servicios valorados en 17.768 euros anuales veinte años.
El investigador de la Universidad Essex y autor del estudio, Javier Santacruz, explica que este hecho «desincentiva cotizar a la Seguridad Social» y añade que para una persona es «rentable» aportar al sistema siempre que las pensiones suban cada año por encima del uno por ciento, lo que implicas que si bien los actuales beneficiarios están recibiendo más de lo que aportaron en los retiros de dentro de 10 y 15 años se revierta la proporción.
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