Tras el aumento está el decreto del 8 de marzo, en uno de los llamados viernes sociales previos a las elecciones. En él se rebajó de 55 a 52 años la edad a que estos parados podían acceder a la ayuda y, además, se eliminó la obligación de que se jubilaran anticipadamente nada más que reúnan los requisitos legales (con la rebaja correspondiente en la pensión). Este es el subsidio con más beneficiarios de las ayudas contra el paro no contributivas, que suman 723.730 en total.
Nada más entrar en vigor la anunciadísima medida —estuvo en los presupuestos fallidos para 2019—, el número de solicitudes del subsidio para mayores de 52 años se disparó. En marzo acudieron a pedirlo siete veces más desempleados que en 2018 (32.400 frente a 4.800), pese a entrar en vigor a mitad de mes. La tónica se mantuvo en abril y mayo. El ritmo se aflojó en junio (16.600), aunque este número todavía multiplica por cuatro el del mismo mes del año anterior, según el Ministerio de Trabajo.
Sumadas las altas y restadas las bajas, el saldo final en cuatro meses es que hay 60.537 beneficiarios más cobrando el subsidio destinado a proteger a los parados de más edad. En junio había 332.582 beneficiarios, casi la mitad de todos los que desempleados que perciben algún tipo de ayuda no contributiva. Básicamente, la asistencia contra el desempleo se divide en dos partes. Por un lado, las prestaciones contributivas, las pagas más cuantiosas que se pueden cobrar durante un máximo de dos años y se generan según lo cotizado. Y, por otra parte, los diferentes subsidios y rentas de inserción, a los que se accede tras haber agotado las primeras y/o cumplir requisitos como no llegar a umbrales de renta, tener familiares a cargo o estar en una edad avanzada en la que es difícil volver a encontrar empleo.
Esta última ayuda se recortó en los años más duros de la crisis (2012 y 2013): se elevó de 52 a 55 años la edad a la que podía empezar a cobrarse y se obligó a jubilarse a los beneficiarios nada más cumplían los requisitos para retirarse de forma anticipada. El Gobierno volvió al punto de partida y eso ha impulsado el número de beneficiarios. Y lo ha hecho en un periodo en que lo habitual en los años precedentes ha sido que cayera el número de estas ayudas (en torno a 10.000) por la tradicional mejora del mercado laboral entre marzo y casi todo el verano.
La mayor parte del incremento se debe a la rebaja de la edad a los 52 años. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en junio había 34.533 personas cobrando los 430,27 euros mensuales que corresponden a esta ayuda que tienen entre 52 y 54 años. Esta cifra todavía está lejos de los 114.000 que esperaba el Gobierno cuando presentó la medida, aunque fuentes del Ministerio apuntan que ese dato era un pico que se alcanzaría en 2020.
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