Lejos de corregirse ayudado por la mejora de la actividad económica y la reducción del paro, el agujero de la Seguridad Social no para de aumentar y el organismo público necesita cada año pedir más dinero al Estado para poder seguir pagando la pensión de millones de jubilados. A cierre del primer semestre del año, su deuda superaba ya los 48.700 millones de euros tras aumentar un 40% en el último año.
Este fuerte incremento de la deuda está vinculado a los préstamos concedidos al organismo público por parte del Estado para afrontar el pago extraordinario de las pensiones en verano. Luego, es el propio Estado el que busca financiación externa en el mercado, uno de los motivos por los cuales el pasivo del conjunto de administraciones tampoco para de aumentar y alcanzó en junio un récord de 1,2 billones de euros. La cifra supone un 98,3% del PIB o, dicho de otra forma, equivale a 25.900 euros por cada uno de los habitantes del país.
El pasado mes de enero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó entre el 1,3% y el 1,5% el desajuste estructural de la Seguridad Social, un registro que en cifras redondas puede superar los 18.000 millones de euros al año. A la espera de que los representantes de las distintas fuerzas políticas alcancen un acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema -ahora improbable en el actual escenario de parálisis política-, el agujero seguirá creciendo y requerirá cada vez mayores aportaciones financieras para asumir gastos corrientes. Esto, en la práctica, supone dar una patada adelante al desajuste y cargar una hipoteca cada vez mayor sobre las generaciones futuras, que son quienes tendrán que pagar la deuda.
Mientras, el desajuste irá aumentando por la inversión de la pirámide poblacional en España y el aumento de la edad media de vida, que eleva el número de pensionistas a mayor ritmo que el de trabajadores encargados de costear el sistema. La propia Airef cree que dentro de 30 años el gasto anual en pensiones puede haber aumentado en hasta 4% del PIB -50.000 millones más-, por lo que recomienda un retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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