El Tribunal de Cuentas ha dado un tirón de orejas a la Seguridad Social. En uno de sus últimos informes de fiscalización ha detectado fallos e insuficiencias en la gestión y el control de los recargos que deben pagar las empresas en las pensiones que se reconocen a los trabajadores que han tenido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que hayan estado provocados por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Este informe de fiscalización, que se ha conocido ahora, se ha realizado sobre las cuentas y los procesos registrados en el año 2016, cuando esos recargos en las prestaciones de los trabajadores que deben abonar las empresas infractoras ascendían a unos 101 millones de euros.
Los fallos detectados afectan prácticamente a todas las entidades de la Seguridad Social que participan en estos procesos: al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM), que son los que reconocen, gestionan y controlan estos recargos; a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que es la responsable de investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para que se declare, en cada caso, la responsabilidad de las empresas por la falta de medidas de seguridad; y a la Tesorería General (TGSS), que debe garantizar que el sistema recauda los ingresos que deben abonar las empresas infractoras.
(Cinco Días, 23-08-2019)
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