Recientemente y con la formación del nuevo Gobierno, el salario mínimo interprofesional ha subido a 950 € brutos mensuales en 14 pagas, o lo que es lo mismo 13.300 € en cómputo anual.
Esta subida, que en principio puede ayudar a 2.000.000 de trabajadores a incrementar su renta disponible, y por consiguiente aumentar su nivel de consumo ha sido el detonante de las protestas del sector agrario, hastiado por unos precios que no han subido desde hace 15 años y que no hace mas que empobrecer a los empresarios de dicho sector, con el consiguiente riesgo de abandono del mismo.
Sus protestas se fundamentan en la imposibilidad de poder trasladar los incrementos de costes a su precio de venta, con lo que hay agricultores que han tenido incluso que dejar en el campo sus cosechas.
Este problema viene sin duda de lejos y es debido a una serie de circunstancias:
- La oferta agrícola está formada por muchos y pequeños agricultores y los intermediarios son en general empresas grandes, léase industria agroalimentaria y grandes cadenas de distribución
- La industria agroalimentaria tiene más fuerza a la hora de comprar dichos productos ya que está mas concentrada.
- Las grandes cadenas de distribución controlan los precios dado su alta capacidad de compra y utilizando estos productos como reclamo para la venta poniendo grandes ofertas e incluso vendiendo a pérdidas.
- La exportación ha sufrido un grave retroceso por los aranceles estadounidenses.
- La entrada de productos agrícolas de otros países, con unos costes mucho menores debido principalmente a su mano de obra mucho más barata.
Es por ello que urge una solución negociada para resolver este grave problema que pone en peligro nuestro sector primario y la supervivencia de miles de familias.
La falta de competitividad del campo es un problema, puesto de manifiesto por la multitud de pequeños productores, que no pueden acometer las inversiones necesarias para rentabilizar sus explotaciones. Por ello es urgente fomentar el asociacionismo en este sector para hacer mas fuertes a los productores, favorecer la inversión en las explotaciones, prohibir la venta a pérdidas de las grandes cadenas de distribución e incluso etiquetar los productos con el coste de producción.
Desde GHL entendemos que todas las soluciones son buenas en aras de conseguir un sector primario fuerte y rentable; un sector que ha representado siempre uno de los puntos fuertes de la economía española y que dadas las circunstancias favorables de nuestro clima y tierras debería continuar siéndolo.
Pablo José Lapeña Navajas