La Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional en nombre de los más de 305.000 accionistas afectados, así como en representación de los bonistas y otros inversores que perdieron su dinero la pasada semana, reclamando responsabilidades penales de los gestores de la fallida entidad.
En concreto, según han detallado este lunes el abogado Eliseo Martínez, la querella se presenta contra el expresidente de la entidad Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas.
La OCU les acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y fraude contra inversores solicitando que se instruya una causa para investigar el colapso de la entidad, que la pasada semana fue resuelta por la nueva vía europea que carga las pérdidas a los accionistas e inversores que perdieron todo su dinero al ser vendida la entidad a Banco Santander por un euro.
La portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, ha avanzado que la asociación no descarta emprender nuevas acciones judiciales, por la vía civil o administrativa, para lograr que se indemnice a los afectados por las pérdidas sufridas. Más de 9.500 afectados ya han acudido a la OCU buscando amparo legal.
La asociación asume que los inversores destinaron su dinero a una entidad que no facilitaba unas «cuentas correctas», especialmente en el caso de quienes invirtieron en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró hace un año.
Las pérdidas estimadas entonces, sin embargo, se multiplicaron a final de año, cuando la entidad arrojó 3.500 millones en negativo, y ya el pasado abril, Popular admitió que las cuentas incluían errores contables por más de 600 millones de euros, pese a lo cual no reformuló la contabilidad de 2016.
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